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Caso OCAD PAZ: una sofisticada red para “hacer trizas la paz” y al tiempo quedarse con los dineros

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Una investigación de la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Juvinao, y su Unidad de Trabajo Legislativo ha ido un poco más al fondo del caso de corrupción conocido como “OCAD PAZ”.

La investigación encontró que hay irregularidades con respecto a 41 mil millones de pesos que estaban destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, a través de los OCAD PAZ; además, debían construirse unas 1.167 viviendas en el Cesar y las obras hoy tienen avances menores al 1%.

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación; Álvaro Alvira, de la Secretaría Técnica del OCAD PAZ; Felipe Córdoba, excontralor general; Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, ambos contralores delegados, son los nombres de altos funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción. Además, también se encuentran enredados en este red criminal de contratación los alcaldes Carlos Mario Calderón Ortega, Martín Guillermo Zuleta, Hamilton Raúl García, y Ovelio Jiménez; así como los megacontratistas Eduardo Cayón Márquez, Alfonso José Cayón Medina y Luis Eduardo Cayón Medina.

El Cesar, departamento que más recibió recursos para el OCAD PAZ (700 mil millones desde 2017 hasta hoy para un total de 63 proyectos), eludió la ley de contratación pública a través de contrataderos. La familia Cayón resalta en esta investigación como la más beneficiada por este programa que se suponía debería mejorar la vida de las poblaciones receptoras de excombatientes de las FARC.

La empresa Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social (que tiene sede en la ciudad de Cali) recibió cerca de 100 mil millones de pesos para desarrollar proyectos en los municipios La Paz, Pueblo Bello y Becerril. Sin embargo, los alcaldes de esos municipios definieron que esta empresa sería la que gestionaría esos fondos “a dedo” y no mediante la licitación estipulada por ley. Al mismo tiempo, se ha sabido que los alcaldes  privaron a sus municipios de millonarios ingresos por concepto de impuestos que debían pagar por los contratos a ejecutar y que se quedaron en la ciudad de Cali.

Por su parte, la Caja de Compensación Familiar Comfacesar celebró contratos también “a dedo” por un aproximado de 87.868 millones de pesos, aunque no fue designada por el OCAD PAZ como entidad ejecutora, sino que hizo convenios de asociación con los municipios para cumplir funciones de intermediación en la gerencia de los proyectos.

Mientras tanto, las comunidades, a cinco años de haber comenzado estas contrataciones, denuncia que hay nulos o muy pocos avances en los proyectos.

Sin embargo, la familia Cayón Medina (del Cesar), a través de sus distintos consorcios y empresas, tiene contratos en los cuatro municipios por un valor total de 62.328 millones, cuyos anticipos suman un valor aproximado de 24 mil millones. Los Cayón Medina integran la nómina de un congresista involucrado en este robo y no solo tienen multimillonarios contratos de OCAD PAZ, sino que también tienen contratos de construcción de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, cuyas obras no han entregado aunque ya finalizaron los juegos.

“Todo esto fue posible porque durante el gobierno Duque, se reformó la Contraloría y el Sistema General de Regalías. Al mismo tiempo, llegó Luis A. Rodríguez a la dirección del DNP y Martín Zuleta pasó a ser delegado de los alcaldes en OCAD PAZ, ambos son del Cesar”, afirma la representante Juvinao.

El OCAD PAZ es un órgano del Sistema General de Regalías que se creó luego del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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