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PRONTUARIO

El prontuario de Bernardo Alejandro Guerra

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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, nacido de Medellín en 1962, se ha desarrollado en el sector público como Diputado de Antioquia para el periodo de 1994 a 1997, reelegido para los periodos de 1998-2000 y 2000-2001, Senador de la República de 2002-2006 y Concejal de Medellín los periodos de 2008-2011 y 2012-2015.

Guerra se distingue por tener un historial lleno de escándalos y diversos casos de corrupción junto a su familia, que van desde la celebración indebida de contratos, sobrepasar los topes de financiación de campaña política y el tráfico de influencia.

En marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de investidura a Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por sobrepasar los topes de financiación de su campaña en 2015 y por conflicto de intereses.

En la campaña electoral al Concejo de Medellín para el periodo 2016-2019, Guerra recibió un aporte de la Corporación Centro de Estudios por Medellín por valor de $42.500.000 de pesos, cifra que supera en 10 por ciento el límite establecido.

Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó que Bernardo Guerra incurrió en la vulneración del régimen de conflicto de intereses por utilizar su curul en el Concejo para beneficiar a los damnificados de la constructora CDO, pidiendo una exención de impuestos, siendo su hija, Alejandra Guerra Lotero, una de las afectadas.

En cuanto a las relaciones familiares encontramos que Bernardo Alejandro Guerra ha beneficiado en varias ocasiones a su hija, a su esposa y hermanos, violando la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que prohíbe en su artículo 8 que una entidad pública celebre contratos estatales con personas con parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Su hija, Alejandra Guerra, fue contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la Subdirección de Planeación Integral, con recursos que desde el Concejo, lideró y ayudó a tramitar. Entre estos contratos se puede establecer uno celebrado en 2017, con el objeto de “apoyar en la conceptualización, creación y presentación de los proyectos de parque de borde en los municipios” por valor de 18 millones de pesos. Adicionalmente, en enero y septiembre de 2018 se firmaron otros dos contratos por valor de 31 millones de pesos y 21 millones de pesos.

En cuanto a sus hermanos y las contrataciones ilegales sobresalen:

Juan José Guerra Hoyos, representante legal y gerente de COASSIST LTDA, con la que Empresas Públicas de Medellín, EPM, contrató desde 1999, una póliza de seguros con el objetivo que esta pudiera pagar a través de la factura de los servicios públicos. Se tiene claro que, durante los periodos de Bernardo en el Concejo de Medellín, se generó una inhabilidad sobreviniente que debía obligar a terminar estos contratos, cosa que no se hizo, es más, se renovaron y llegaron al valor de más de 9.570 millones de pesos en 2018.

La fundación de dos hermanos Guerra (Andrés y Federico Guerra Hoyos) suscribió tres contratos por valor de 16 millones con Telemedellín, entidad que funciona con recursos aprobados por el Concejo de Medellín. Además, el Concejo de Medellín, cuando aún Bernardo Guerra era parte de este, aprobó el contrato N° 4600065421 de 2016, entre el municipio y Telemedellín por valor de $ 4.251 millones, parte de estos recursos ($2.500.000) que fueron transferidos por parte de canal público a la fundación Sembramos País Radio, dirigido por su hermano Andrés Guerra, por concepto de pauta publicitaria. En el año 2017, y con el mismo objetivo, la fundación Sembremos País y Telemedellín suscribieron otros 2 contratos por el valor total de $57 millones de pesos.

Otro escándalo de esta familia, gira en torno a la contratación en dos ocasiones entre Telemedellín y Ondas de la Montaña S.A.S, propiedad de Federico Guerra Hoyos (hermano de Bernardo Guerra) por valor de 34 millones en 2016 y 30 millones en 2017 por concepto de pauta publicitaria.

Fanny Guerra, medio hermana de Bernardo, también contrató con Telemedellín en 2017 por valor de $6 millones y $4,7 millones en 2018 por emitir pautas publicitarias en su programa ‘Viva la vida’.

La esposa de Andrés Guerra Hoyos, María Clara Arroyave celebró contratos con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) y el Pascual Bravo por más de 59.000.000 de pesos.

Con esta larga lista de escándalos por corrupción, es claro que el exconcejal Guerra Hoyos hace parte de la clase política que Colombia comenzó a rechazar en las urnas, ya que son estas, las que sin importar el detrimento patrimonial siguen considerando al Estado como una fuente de financiación para sus propios intereses y los convierte en vividores del erario público.

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