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Más de 600 contratos tendrán que ser reversados por suspensión ilegal de la Ley de Garantías

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Este 5 de mayo la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la reforma que el Gobierno nacional le había hecho a la Ley de Garantías, permitiendo que se celebraran contratos entre entidades nacionales y regionales en época preelectoral y electoral. Desde su entrada en vigor en noviembre de 2021 y hasta febrero de 2022, se celebraron 604 contratos que suman alrededor de 3.4 billones de pesos.

El alto tribunal determinó que la modificación realizada a un aparte de la Ley de Garantías no se rige bajo los principios constitucionales, pues el Congreso de la República tramitó la modificación como si se tratara de una ley ordinaria cuando debió hacerse como una ley estatutaria; por ese problema de trámite la reforma a esta ley fue reversada.

En tal sentido, la Corte frenó la posibilidad de que el Gobierno realizara convenios durante la época electoral, ya que la Ley de Garantías, antes de su modificación, prohibía que entidades públicas celebraran convenios interadministrativos en época electoral para evitar negociaciones a cambio de apoyo político.

La Corte no solo decidió frenar la modificación a la Ley de Garantías, además dijo que la sentencia tendrá efectos retroactivos, es decir que cualquier contrato que se haya firmado desde que entró en vigor la modificación (octubre 2021) quedaron sin sustento y deberán ser suspendidos.

El senador Roy Barreras fue uno de los primeros en demandar la modificación a esta ley señalando que “resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto”. Gracias a la demanda de Barreras y otras 20 personas es que la Corte dejó sin piso cerca de 604 convenios firmados entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

Tras esta decisión, los entes de control deberán revisar cuáles son las entidades que aprovecharon el “mico” que le hicieron a la Ley de Garantías para celebrar contratos en época preelectoral, no solo para verificar que los convenios suscritos queden anulados y liquidados, sino para que se haga la respectiva devolución del dinero que se haya desembolsado.

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